Son varios los temas a tratar, pero este es importante ya que aqueja al vecino concretamente.
En la Legislatura se toman muchas decisiones que definen el futuro de la ciudad, tal es así que hay un nuevo punto a charlar, debatir y luego votar que es el Código Urbanístico. Un breve resumen, el código delimita qué se puede construir, dónde, determina cuál está permitido, cuál no. La palabra lo dice, es un código para la ciudad que debe ser acatado, el problema es que se quiere modificar para beneficio de algunos pocos.
Son muchos los barrios que corren riesgo, uno de estos es Caballito. Se le consultó a Mariano Cuyeu, comunero de la 5 de Unión por la Patria, distintas cuestiones y cómo salió la reunión con Claudia Neira, legisladora de la ciudad, sobre este tema y cuáles son los pasos a seguir.
Caballito Urbano: Para el que no sabe, ¿En qué consiste el Código Urbanístico y por qué Caballito corre peligro?
Mariano Cuyeu: El Código Urbanístico es el que regula dónde y qué se puede construir, dándole norma a cada parcela o terreno de la ciudad, también determina los usos permitidos y no permitidos ordenando áreas para la residencia, el comercio en distintas escalas y el espacio público. Está vinculado con la planificación de la ciudad. Debería abordarse con un diagnóstico ambiental que estimule una mejora en la calidad de vida de los porteños pero, por el contrario, el GCBA presenta una propuesta que solo contempla los intereses económicos de los desarrolladores inmobiliarios y que nunca beneficia a los vecinos. ¿Cuántos departamentos se construyeron en los últimos 17 años de gobierno del PRO? ¿Para qué y para quienes se construyeron? ¿Sirvió para facilitar el acceso a la vivienda de los porteños? ¿La mayor oferta bajó los precios de los alquileres? ¿Cuántos hospitales, escuelas, plaza y parque se construyeron y en donde? Todas esas preguntas deberían abordarse en el código urbanístico.
Por eso en Caballito se viene sosteniendo que se está ante una emergencia urbana. Hace 20 años la irrupción de torres y edificios encendió alarmas sobre el deterioro de la calidad de vida en el barrio, se hizo visible la pérdida de luz natural y la saturación de los servicios públicos que empezaron a evidenciar falencias (falta de presión de agua, cortes de luz en verano e invierno, saturación del tránsito y el estacionamiento y falta de servicios públicos y espacios verdes). Con el tiempo esto se fue agravando, al punto de que este año se produjo el derrumbe de un complejo de PH de la Avenida Pedro Goyena, con el saldo de dos vecinos fallecidos producto de la sobre exigencia del suelo por parte de un mercado inmobiliario que se lleva todo por delante. También del incendio de la subestación de Edesur de José María Moreno, consecuencia de una demanda de energía que no se actualizó conforme con la cantidad de edificios que iban imponiéndose en el barrio.
Pero más importante aún es que detrás del Código Urbanístico que parece una discusión abstracta entre el GCBA, las constructoras y vecinos ambientalistas, en realidad se esconde un modelo de ciudad expulsiva. El resultado del Código Urbanístico se traduce en modificaciones en los barrios y en la ciudad que la van transformando en algo ajeno y desconocido para quienes la habitan, que rompe vínculos humanos y vecinales al compás del encarecimiento de la tierra y de nuestro costo de vida.
Todos podemos hacer el ejercicio de repensar cómo nuestros barrios están cambiando y perdiendo sus rasgos identitarios al mismo tiempo que se encarecen los alquileres y se vuelve imposible comprar una vivienda. Esto no es parte de un proceso natural e inevitable como nos quieren hacer creer, es la consecuencia de políticas públicas diseñadas con sutileza y precisión quirúrgica para que los más poderosos desplacen y reemplacen a los que están más ajustados de cada barrio y de la ciudad. El código urbanístico termina siendo la herramienta con la que se asocian el GCBA y las constructoras sin pensar en los vecinos.
CU: ¿Piensas que se va a aprobar?
MC: El código que se votó en 2018 fue muy malo. Por eso lo importante no es su aprobación o no, sino el contenido de la ley que se va a aprobar. No estamos en contra de manera caprichosa. En esta primera lectura nuestro bloque legislativo de Unión por la Patria logró imponer proyectos propios importantes, como la adhesión de la Ciudad a ley nacional de barrios populares que resguarda a las 80.000 familias que viven en villas, el concepto de vivienda asequible, la recuperación del pulmón de manzana que en el 2018 se permitía utilizar para la construcción, la limitación de los usos del suelo y alguna alturas, la incorporación de zonas de desarrollo prioritario (Constitución y el polo textil de Avellaneda en Flores Norte), el mantenimiento de balcones y la recuperación de Costa Salguero. Se logró quitar algunas cosas nocivas, como el concepto de “capacidad constructiva adicional” que es el punto más polémico que tiene este ajuste de ley. Lo que se aprobó no solo es mejor que lo que propuso el ejecutivo, sino que es mejor que lo que tenemos hoy producto del mal Código de 2018.
CU: ¿Cuál es la posición que toma Unión por la Patria?
MC: Creemos que hay que ordenar la ciudad con otro criterio que no sea el rentístico. Queremos que la construcción se desarrolle contemplando la mejora en la calidad de vida y la preservación de las identidades barriales. Para eso buscaremos abordar el proceso hacia la segunda lectura con más propuestas. Reforzando el vínculo entre los vecinos y legisladores para que la ley los represente.
CU: ¿Que pudieron charlar con Claudia Neira y qué dijo sobre los pasos a seguir sobre si se aprueba?
MC: Justamente pudimos articular con ella lo que sucede y sucederá en la legislatura con lo que son las demandas de nuestro barrio respecto al código. Se vienen las reuniones comunales (que es uno de los pedidos de nuestro bloque que se logró conseguir) y la audiencia pública el 6 de noviembre. Es importante que los vecinos sean escuchados y tomados en cuenta para que la segunda lectura del “ajuste” del código urbanístico sea un reflejo de lo que quieren los porteños y no un cheque en blanco para los desarrolladores inmobiliarios. Tenemos la necesidad de corregir el desastre que implicó el código del 2018 que el oficialismo votó en soledad. Hoy, la composición legislativa es más diversa y eso tiene que ser una posibilidad para que el código sea el resultado de una discusión real. En 2018, los vecinos de Caballito se organizaron en torno a nuestra fuerza política y lograron preservar las 5 leyes especiales que habían conquistado para proteger algunos sectores del barrio y que el código pretendía pasar por encima. En ese sentido es importante que una legisladora como Claudia Neira (sabemos que esto es voluntad de todo el bloque), junto a los comuneros (con mi compañera de bloque Agustina Quinteros) y las organizaciones políticas del barrio nos reunamos, debatamos, intercambiemos y empecemos a esbozar una estrategia común. Porque la discusión no se agota en estar a favor o en contra, sino en producir un buen código.
