La nueva licitación para el reciclado seco porteño modifica el esquema vigente y habilita la participación de empresas privadas. Desde las cooperativas cuestionan el cambio de reglas y advierten por el futuro de miles de puestos de trabajo.
El sistema de reciclado seco de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un momento de tensión. Es que el Gobierno porteño prepara una nueva licitación para la recolección diferenciada, clasificación, acondicionamiento y comercialización de materiales reciclables, en un esquema que modifica la forma en que las cooperativas de recuperadores urbanos participan de la prestación del servicio.
La propuesta surge a partir de la Resolución N° 53/SECH/26, que abrió una instancia de consulta sobre el anteproyecto de los nuevos pliegos. El esquema divide a la Ciudad en seis zonas y plantea una licitación pública abierta a cooperativas, pero también a sociedades comerciales, personas humanas y uniones transitorias que cumplan con los requisitos establecidos.
La modificación representa un cambio respecto del modelo que se consolidó durante los últimos 25 años, en donde las 12 cooperativas de recuperadores urbanos se hicieron cargo del sistema de recolección diferenciada, selección, acondicionamiento y comercialización de la fracción seca, generando la posibilidad de crear un trabajo inclusivo. Ahora, las organizaciones deberán competir con nuevos actores por las zonas de trabajo.
Para Eduardo Catalano, coordinador y referente de la cooperativa de Recuperadores Urbanos del Oeste (RUO), que trabajan en el barrio de Caballito y tienen una de sus sedes en Yerbal 1473, el cambio no es solamente administrativo. “El Gobierno de la Ciudad lo que plantea es un cambio de escenario. Históricamente, se llamaba a concursos donde las cooperativas podían presentarse, concursar, y así hacerse de zonas de trabajo para realizar la tarea de recolección domiciliaria”, explica.
Según Catalano, la diferencia central está en el mecanismo elegido. “Este pliego cambia la situación porque es un llamado a licitación y les abre las puertas a las empresas privadas. La licitación en sí tiene otro formato y las exigencias administrativas que conlleva deja afuera per se a las cooperativas. La única manera de poder coexistir es siendo absorbidas por o armando una UTE con una empresa privada”.
El anteproyecto no elimina formalmente la participación de las cooperativas. Sin embargo, ninguna organización tiene garantizada la continuidad de la zona que actualmente gestiona. Ese punto constituye uno de los principales cuestionamientos de las organizaciones.
Para Catalano, las condiciones de la nueva convocatoria las colocan en una posición desfavorable. “Siempre en inferioridad de condiciones y quedando expuestos a intereses que no son propios. Esto atenta con el sistema que viene desarrollándose en la Ciudad ya hace 25 años. Es un sistema que sirve, que da resultado, que es perfectible siempre que se vuelquen los recursos adecuadamente al sistema”.
La discusión también se vincula con los recursos destinados al funcionamiento cotidiano. El referente de RUO sostiene que existen problemas que no pueden atribuirse únicamente al desempeño de las cooperativas. “Hoy podemos decir que el sistema no recibe los recursos que son necesarios para que funcione de la manera adecuada. Pero se castiga al sistema o a las cooperativas por no ser eficientes. Estamos hablando de que no se puede ser eficiente sin los recursos necesarios. Y para eso está el Estado que tiene que poner las reglas claras para que todos podamos jugar el mismo partido”.
El debate sobre el nuevo modelo también pone en primer plano qué función cumple el sistema de cooperativas dentro de la política de residuos de la Ciudad. Desde comienzos de los años 2000, los recuperadores urbanos fueron incorporados progresivamente al sistema formal de higiene urbana. La Ley 992, sancionada en 2002, reconoció su actividad y estableció un marco para su incorporación, mientras que la Ley 1.854, conocida como Ley de Basura Cero, profundizó las políticas de separación, recuperación y reciclaje.
Con el paso de los años, las cooperativas fueron construyendo una cadena que excede la recolección en la vía pública: incluye recorridos, vínculos con vecinos y comercios, clasificación, acondicionamiento y comercialización de los materiales. RUO es parte de ese proceso. Nacida durante la crisis de 2001, actualmente reúne a más de mil trabajadores y recupera más de un millón de kilogramos de materiales por mes en zonas como Caballito, Flores, Villa Luro y Once.
Catalano destaca que la actividad genera una estructura laboral amplia. “Este es un trabajo digno. Tenés recuperadores de calle, operarios, choferes, mantenimiento, servicios, seguridad, limpieza, administrativos, contables, técnicos, profesionales multidisciplinarios”, explica. Y agrega: “Acá aparte de todas las tareas, también tenemos talleres de carpintería, textiles, de electricidad. Hay muchísimas cuestiones que nos vinculan con la comunidad”.
En ese sentido, el trabajo de recuperación tiene además un impacto ambiental que las cooperativas consideran central. “El trabajo que realizan las cooperativas de recolección de residuos es fundamental. Cada kilo que retiran de circulación en la vía pública es un kilo que el Gobierno no entierra en los residuos sanitarios. Esto tiene una implicancia ecológica, sustentable, de economía circular, de empleo verde”, remarca Catalano.
El nuevo esquema concentra en cada adjudicatario buena parte de la cadena: recolección domiciliaria diferenciada, Puntos Verdes, grandes generadores, contenedores verdes, transporte, clasificación, acondicionamiento y comercialización. También, incorpora herramientas de seguimiento y control como GPS, telemetría, seguimiento digital, frecuencias mínimas y controles sobre las plantas. Desde la perspectiva oficial planteada en el anteproyecto, la intención es mejorar la medición del servicio y reducir ineficiencias.
Pero la modificación también introduce una dimensión económica. Cartón, papel, plástico, vidrio y metales recuperados vuelven al circuito productivo y el nuevo modelo contempla que el adjudicatario pueda comercializar esos materiales. De esta manera, la gestión de los residuos secos no sólo constituye una prestación de higiene urbana, sino también una actividad vinculada con una cadena productiva.
El cambio de esquema generó una movilización de las cooperativas el pasado 19 de agosto. La marcha hacia la Subsecretaría de Higiene Urbana porteña buscó visibilizar el rechazo al ingreso de empresas privadas y advertir sobre el impacto que la modificación podría tener sobre los puestos de trabajo. Según las organizaciones, son más de 7000 los recuperadores urbanos que forman parte actualmente del sistema.
El proceso, sin embargo, todavía no está cerrado. La resolución que dio inicio a la discusión abrió una instancia previa en la que pueden presentarse observaciones y propuestas. Las condiciones definitivas de la licitación aún deben establecerse y todavía no fueron adjudicadas las seis zonas.
Mientras el Gobierno porteño avanza con la definición del nuevo esquema, el debate excede la continuidad de una u otra cooperativa. La discusión pone en juego qué modelo de gestión tendrá la Ciudad para sus residuos secos y cómo se articularán, a partir de ahora, objetivos ambientales, eficiencia del servicio, recuperación de materiales y empleo.
Para las cooperativas, la cuestión central no pasa por rechazar cualquier mejora, sino por discutir bajo qué condiciones se realiza. El nuevo escenario todavía está en construcción y las reglas definitivas no están escritas. Pero por primera vez en años, las organizaciones que ocuparon un lugar central en la recuperación de residuos deberán disputar formalmente su continuidad con otros operadores.
Foto: RUO.
