Un fallo judicial autorizó el inicio de las obras para construir un shopping y más de mil viviendas en un predio de 2,4 hectáreas en el centro de Caballito. La decisión reactivó la resistencia de vecinos y organizaciones barriales, que denuncian el impacto ambiental, la saturación de los servicios públicos y la falta de participación ciudadana.

Un conflicto urbano, que ya lleva más de 15 años, sumó un nuevo capítulo en Caballito. Es que un reciente fallo judicial habilitó el inicio de las obras para construir un complejo de viviendas y un shopping en los terrenos ubicados sobre la avenida Avellaneda que pertenecieron históricamente al club Ferro Carril Oeste.
La decisión reactivó el rechazo de los vecinos y organizaciones barriales, que denuncian la falta de estudios de impacto ambiental y advierten sobre el colapso de los servicios públicos, la pérdida de espacios verdes y la afectación al comercio local.
El pasado 8 de junio, las organizaciones barriales volvieron a movilizarse y realizaron una concentración en la esquina de las avenidas Rivadavia y Acoyte, donde reiteraron su oposición al proyecto inmobiliario.
Allí, en un punto central del barrio, expresaron su preocupación por el impacto ambiental, la presión sobre los servicios públicos y el desplazamiento de los comercios de cercanía ante la llegada de un shopping de grandes dimensiones a la zona.
Uno de los principales reclamos es que, de avanzar el proyecto, al menos el 50% del predio sea destinado a un parque público de acceso libre y gratuito. Además, exigen que cualquier transformación urbana respete el espíritu del barrio y priorice la calidad de vida de sus habitantes.
También, surgieron críticas por la forma en que se manejó la modificación del proyecto: las organizaciones denuncian que no hubo una consulta adecuada a la ciudadanía ni acceso claro a la información técnica sobre las consecuencias de la obra.
La resolución judicial que activó la movilización vecinal fue firmada por el juez Darío Reynoso, titular del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N.º 24, quien decidió levantar una medida cautelar que regía desde la pandemia de Covid-19.
La cautelar había sido presentada por los comuneros Osvaldo Balossi y Agustina Quinteros, junto con la asociación vecinal SOS Caballito, con el objetivo de frenar el desarrollo urbanístico hasta que se completaran los estudios de impacto ambiental y se garantizaran instancias de participación ciudadana.
Sin embargo, el juez consideró que las condiciones habían cambiado, principalmente por la división del predio y el rediseño del proyecto original. El fallo autoriza, por ahora, a iniciar obras en un sector específico del predio de 2,4 hectáreas, delimitado por la avenida Avellaneda y las vías del ferrocarril Sarmiento.
Es que el juez Reynoso valoró como un cambio significativo que IRSA cediera parte de los terrenos a la empresa Portland, encargada ahora del desarrollo del área denominada “Ciudad Palmera”, lo que, según el magistrado, modificó sustancialmente el proyecto original y eliminó los obstáculos legales para su ejecución.
Desde entonces, desde el puente “Cacho” Saccardi (en honor al ídolo de Ferro), que cruza las vías, ya pueden observarse movimientos en altura que anticipan el avance del nuevo desarrollo.
Un proyecto con historia de rechazo
El conflicto por estos terrenos comenzó en 2008, cuando la desarrolladora IRSA adquirió las parcelas que el Estado nacional había cedido previamente al club Ferro Carril Oeste. Desde entonces, distintas agrupaciones vecinales, políticas y ambientales han resistido sucesivas iniciativas para construir un shopping y un complejo de torres en el lugar.
Durante años, el proyecto no logró avanzar en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde se rechazaron en más de seis oportunidades los intentos por rezonificar el área. En paralelo, el barrio vivía una transformación acelerada con un crecimiento desmedido de nuevas construcciones, que ya generaban problemas en el sistema cloacal, cortes de electricidad y sobrecarga en el espacio público.
Con la pandemia de por medio, el Gobierno de la Ciudad impulsó una nueva rezonificación que habilitó la construcción de más de 1100 unidades habitacionales y un shopping de 28 mil metros cuadrados. Según los planos difundidos entonces, el proyecto incluía edificios de hasta 10 pisos de altura, lo que volvió a encender las alarmas entre los vecinos y vecinas de la zona.
La estrategia judicial logró frenar las obras durante tres años, pero el reciente fallo judicial destrabó parcialmente el proceso y nuevamente se ven trabajos en la obra. A su vez, también se reactiva la movilización y reclamo vecinal y la esquina de las avenidas Rivadavia y Acoyte vuelve a ser el centro para manifestar el rechazo al proyecto inmobiliario y la lucha por construir en ese espacio, en lugar de un shopping, un parque público para beneficio de los vecinos y vecinas de la zona.
Foto: SOS Caballito Archivo.
![]()