Debaten educación, trabajo y derechos.
En la Legislatura porteña, las comisiones de Justicia, Seguridad, Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales retomaron el debate sobre la creación de un Sistema Penitenciario propio para la Ciudad de Buenos Aires, en paralelo con la discusión de una nueva Ley de Ejecución Penal. La jornada incluyó la participación de especialistas, referentes sociales, académicos y organizaciones de la sociedad civil, quienes compartieron experiencias y propuestas para mejorar las condiciones de detención y fortalecer los procesos de reinserción social.
Durante la mañana, la comisión de Salud se reunió en el salón Presidente Alfonsín para recibir al director del Consejo Administrativo del Hospital Garrahan, Oscar Pérez, acompañado por médicos de la institución. En ese marco, se analizaron cuestiones laborales, de infraestructura y financieras del hospital, mientras los legisladores pudieron intercambiar opiniones con el personal de la institución.
Tras ese encuentro, el debate se trasladó al sistema penitenciario, donde participaron especialistas como Luis Cevasco, ex fiscal de la Ciudad, quien subrayó la necesidad de distinguir entre distintos perfiles de personas privadas de libertad. “El trabajo y el deporte son ejes de reinserción fundamentales”, indicó, destacando la importancia de programas que permitan acompañar la transformación de los internos.
El abogado penalista Gabriel Lezzi enfatizó la urgencia de contar con un servicio penitenciario propio y una ley de ejecución de la pena que regule cómo deben cumplirse las condenas. “Ni los lugares ni el personal están preparados para alojar presos”, advirtió, y agregó que la incorporación de herramientas modernas, como la virtualidad en audiencias, podría reducir costos y riesgos de traslado.
Por su parte, Marta Laferriere, directora del programa UBA XXII, destacó la educación en contextos de encierro como un “pilar absolutamente necesario si pensamos en una transformación; se trata de construir ciudadanos”. En una línea similar, la directora ejecutiva de la Fundación Espartanos, Dolores Irigoin, presentó la experiencia de la organización, que utiliza el rugby como puerta de entrada a procesos de cambio y reinserción.
El debate también incluyó perspectivas espirituales y familiares. El pastor evangélico Osvaldo Carnival resaltó el rol del “acompañamiento espiritual” como herramienta de apoyo para que los internos proyecten otra vida, y solicitó que el nuevo marco legal contemple la capellanía interreligiosa. Mientras tanto, Rocío Jara, referente de la Rama Liberados y Familiares del MTE y ex detenida, planteó la necesidad de políticas con perspectiva de género: “Las mujeres seguimos sosteniendo familias desde la cárcel. Es fundamental garantizar derechos de nuestros hijos y acompañar en el arresto domiciliario”.
Otro referente de Liberados, Mariano Bocassi, valoró la convocatoria y señaló que “no es lo mismo irse a la calle que irse en libertad. La educación y el trabajo son los pilares de la revinculación con la comunidad y deben estar en manos de los ministerios civiles, no del servicio penitenciario”.
Desde la sociedad civil, Macarena Fernández, coordinadora del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del CELS, realizó observaciones sobre los proyectos impulsados por el Ejecutivo. Según Fernández, “la ley de ejecución dice cómo debe ser el encierro, cuáles son tus objetivos, cómo tiene que regularse, qué derechos tienen las personas privadas de libertad, etcétera. Nosotros veíamos algunos problemas y cuestiones que sería bueno que no lleguen así a recinto, por ejemplo, saca la idea de que la pena, en lugar de tener como objetivo la resocialización, tiene como objetivo más bien la seguridad”.
Fernández advirtió además que ciertas excepciones contempladas en los proyectos podrían generar situaciones no reguladas de violencia, como el uso de armas dentro del encierro: “De por sí está prohibido a nivel nacional y va en contra de las leyes internacionales. La posibilidad de nombrar un estado de excepción y que todos los derechos queden temporalmente suspendidos permitiría avanzar con acciones policiales, uso de taser o gas pimienta, cuestiones que deberían estar reguladas”.
Respecto a la gestión de los establecimientos penitenciarios, la coordinadora del CELS señaló que los proyectos del Ejecutivo habilitan la gestión privada en algunos servicios, pero que la custodia y quienes están dentro deben ser responsabilidad del Estado. “La gestión de la cárcel, como si fuese una empresa, sería privada: limpieza, alimentación, edificio, construcción, recreación, todo sería privado. En otros países ha funcionado muy mal y suele ser un gasto carísimo para el Estado. Todas las experiencias internacionales muestran que es costoso y poco eficiente”, explicó.
El cierre de la jornada estuvo a cargo de Inés Parry, presidenta de la Comisión de Justicia, quien remarcó que el objetivo es avanzar hacia un sistema penitenciario que integre distintas miradas y ofrezca herramientas de capacitación y reinserción. “Se busca construir un sistema que combine seguridad, inclusión social y respeto a los derechos humanos”, concluyó.
El debate continuará en los próximos encuentros parlamentarios, con el objetivo de elaborar un marco legal propio para la Ciudad que regule la detención y la ejecución de las penas, contemplando aspectos de educación, trabajo, seguridad y derechos humanos.
